Llevó muchos años a los planificadores de las políticas públicas de nuestro país entender y asumir la importancia de la participación ciudadana en la gestión publica. De hecho, en Chile se inicia el proceso de creación de una ley de participación ciudadana casi cuando ya llegábamos al año 2000. Para ser precisos, sólo en el comienzo del Gobierno de Ricardo Lagos se empieza con la elaboración de una propuesta de ley para potenciar la participación ciudadana en las diversas instancias de la gestión del Estado, iniciativa que sólo a finales de este mismo periodo presidencial inicia su trámite en el Congreso. Debieron pasar cinco años más (todo el periodo de Michelle Bachelet y el primer año del Gobierno de Sebastián Piñera), para que finalmente en febrero del 2011 esta ley fuera promulgada.

Pero lo más lamentable no ha sido solo la tardanza en la elaboración de esta ley, sino que la evidente falta de entusiasmo con que tanto el gobierno central como sus principales actores, los gobiernos locales, han asumido su implementación y dejado de cumplir su normativa.

Y es que mientras a nivel mundial las principales gestiones, tanto de gobiernos centrales como locales, avanzan en la incorporación de la participación ciudadana en el diseño de su gestión; en nuestro país, cuando por fin logramos que se legislara en esta materia, muchos alcaldes han sido indolentes e irresponsables en la implementación de esta normativa, dejando de manifiesto su rechazo a integrar a la ciudadanía en los procesos de planificación pública.

Nuestros alcaldes, en su gran mayoría, desarrollan su administración desde un paradigma antiguo, donde no se hace parte a la ciudadanía en los procesos de planificación, optando por modelos de gestión tecnocráticos, privilegiando un estilo donde el alcalde y sus técnicos toman las decisiones solos y entre cuatro paredes. Con ello nos exponemos peligrosamente a la realización de diagnósticos incompletos, intervenciones ineficientes y además se genera un caldo de cultivo para la corrupción.

La Ley 20500 de Participación Ciudadana en la Gestión Pública establece una serie de acciones  y periodos que los alcaldes debían respetar. En el caso particular de Rancagua nuestras actuales autoridades han incurrido en las siguientes falencias:

• Al 06 de agosto de 2011 se debió haber aprobado la nueva Ordenanza de Participación Ciudadana y el Reglamento para el funcionamiento del Consejo Comunal de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Esta nueva entidad (reemplazante del antiguo CESCO) asegura la participación de las organizaciones sociales,  funcionales, territoriales, sindicales y gremiales en la gestión municipal.  Este proceso todavía está en desarrollo ya que el reglamento ha debido ser modificado en varias ocasiones para poder ir adecuándolo a la decisión del Concejo Comunal de elegir un representante territorial por sector. Ello en la cuota de representación que la ley contempla para las organizaciones territoriales en el mencionado Consejo Comunal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, que es de un 33%.

• El 06 de octubre de 2011, el mencionado consejo debió haber sido elegido e instalado. Hasta el día de hoy ello no ha ocurrido.

• Por otra parte, la Ley 20500 es muy clara en señalar la obligación de los municipios en relación a generar un ítem en la cual se ubiquen recursos para el funcionamiento del Consejo Comunal de las Organizaciones de la Sociedad Civil. En el caso de la administración del alcalde Eduardo Soto esto no ha ocurrido. Es decir, cuando se trata de la participación ciudadana no hay preocupación ni recursos, pero para aumentar partidas como “premios y eventos” si lo hay y como no, si seguramente estos recursos se dedicarán en buena parte al futuro proceso de campaña electoral. Ahí si los dineros fluyen con facilidad.

• Finalmente, el rechazo a la participación ciudadana en la gestión pública por parte de la actual autoridad municipal queda en evidencia cuando, existiendo la posibilidad de que el Consejo Comunal de las Organizaciones de la Sociedad Civil sea constituido por entre 18 y 24 miembros (el mínimo de integrantes de acuerdo a la ley puede ser del doble del actual Concejo Municipal y el máximo el triple), la autoridad opta por el piso mínimo de integrantes, ósea 18 miembros.

A diferencia de la falta de entusiasmo y desapego que demuestra la actual administración municipal por la participación ciudadana, nuestra propuesta de gobierno local considera imprescindible organizar e institucionalizar la inclusión de la ciudadanía en las decisiones de la gestión municipal. Es por eso que ya en julio de 2011 realizábamos dos talleres de capacitación orientados a dirigentes de juntas de vecinos y otras organizaciones funcionales y sociales, entre otras cosas para que dichos representantes de la ciudadanía tuviesen claridad respecto a los derechos que esta nueva normativa les entrega y como ella obliga a las autoridades a consultar a la ciudadanía representada en el Consejo Comunal de las Organizaciones de la Sociedad Civil en temas como: el presupuesto anual, el plan de desarrollo comunal y el plano regulador.

Fuimos nosotros los que, en aquellos talleres, propusimos a las organizaciones que buscáramos el mejor sistema de representación tanto de las entidades territoriales como sectoriales. Por ello planteamos, que en el caso de la representación que le corresponde a las juntas de vecinos al Consejo Comunal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, era necesario asegurarse que a lo menos un representante de cada uno de los seis territorios llegara a esa mesa. Cabe recordar, que la mencionada división de Rancagua se llevó a cabo el año 1997, con el objeto de descentralizar y acercar las decisiones a la gente. 

Sabemos que todo lo que tenga que ver con inclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones municipales va a contrapelo del espíritu con el que gobierna la Alianza por Chile y sus representantes como el alcalde Soto. Por ello mantenemos nuestra actitud vigilante y hemos organizado un nuevo Taller de Capacitación Regional denominado: “Nueva Ley de participación ciudadana, formación y desafíos para los líderes del siglo XXI”, el cual se realizará los días 13 y 14 de enero en la Universidad Técnica Federico Santa María, Campus Rancagua. En esta actividad, que cuenta con la participación de reconocidos líderes ciudadanos comprometidos con el tema de la participación como Luis Mariano Rendón (Movimiento Acción Ecológica), José Osorio (Sitio de Yungay) y Rosario Carvajal (Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales), estaremos capacitando, nuevamente y en mayor profundidad, a 50 dirigentes  territoriales y funcionales; ello con el objeto de poner en alerta a nuestra comunidad organizada para que puedan exigir su derecho a participar en la gestión pública.

A la ciudadanía le consta que llevo más de 30 años señalando que la única manera de hacer una gestión municipal eficiente, pertinente, legitima y sin corrupción es incorporando e incluyendo a la comunidad desde sus barrios en: diagnósticos, priorizaciones, propuestas de soluciones, implementación, evaluación y control de las políticas municipales y del Estado en general.

La comunidad debe estar atenta para defender el derecho que se ha ganado a participar de las decisiones que se toman en su municipio y en la gestión pública. Nosotros estaremos para apoyar este proceso.

 

Atte.

 

CLAUDIO SULE FERNANDEZ

Pre-candidato a Alcalde Rancagua

Primeras de Oposición 2011